Aviación News ¦ Edición nº 770 ¦ Jueves 6 de junio de 2019

EL CIADI CONFIRMÓ SU SENTENCIA, Y LA ARGENTINA DEBERÁ PAGAR U$S 320,7 MILLONES POR LA EXPROPIACIÓN DE AEROLINEAS (continuación)

Es importante recordar que la expropiación en 2008 fue fruto del fracaso del verdadero proyecto de Néstor Kirchner que era la “argentinización” de Aerolíneas. Es decir, mantener la empresa en manos privadas pero incorporando socios locales, obviamente cercanos al poder. Modelo que se concretó en YPF con el ingreso del grupo Esquenazi, experimento que también fracasó y que terminó en expropiación de la empresa pero con un pago “negociado” por el ex ministro de economía Axel Kicillof, que significó un desembolso aún mayor (unos U$S 6.000 millones) que el que ahora habrá que pagar por Aerolíneas Argentinas. Esto no quiere decir que los dueños de Marsans sean los buenos de la película.

En 2001, el Gobierno español, cansado de perder plata con dos aerolíneas que los ex presidentes Carlos Menem y Felipe Gonzalez le habían endosado una década antes, decidió directamente cerrar las compañías. Llevaban puestos más de U$S 4.000 millones y lo único que tenían eran conflictos. Para peor, ya estaba decidida la privatización de su aerolínea estatal Iberia, hoy en el Grupo IAG. Gestiones del gobierno argentino de entonces, pero fundamentalmente por presión de las empresas españolas que habían desembarcado exitosamente con la ola de privatizaciones en el país, llevaron al gobierno de Madrid a buscar alguna empresa española a quien “regalarle” Aerolíneas y Austral. Ahí aparecen los socios del poderoso grupo turístico español Marsans, junto a un “empresario” de dudosos antecedentes, Antonio Mata, que vieron en esta urgencia un buen negocio. Recibir dos aerolíneas funcionando a cambio de un dólar, pero adobadas con U$S 758 millones para cubrir deudas y gastos de funcionamiento. El monto dispuesto por el gobierno español para entusiasmar a quienes asumieran el desafío, era exactamente igual a lo que hubiera costado liquidar la empresa. Con eso se pagaban las deudas y se indemnizaba a todo el personal. La solución Marsans era menos traumática y más digerible para el Gobierno argentino y mucho más para las empresas españolas que hacían buenos negocios en la Argentina. “Que un mal negocio, no nos perjudique en un montón de otros buenos negocios”, decían en las privatizadas.

Es difícil evaluar el desempeño del Grupo Marsans durante estos años ya que a los desaciertos propios, que los hubo y muy grandes, se sumó el empecinamiento del gobierno argentino y de ciertos gremios por minar el funcionamiento de la compañía. La estrategia de desgaste consistía básicamente en no autorizar actualizaciones tarifarias ni instrumentar medidas de emergencia, como la implementada en 2002 por Eduardo Duhalde, tendientes a sostener una industria aerocomercial que había quedado mortalmente herida luego de la devaluación de 2001.

El final de la era Marsans en Aerolíneas era una verdad a gritos en los primeros meses de 2008. Agotados los recursos del Gobierno español, sin ningún tipo de señal positiva desde el Gobierno argentino, con los proveedores golpeando las puertas, con más de media flota en tierra y los gremios insistiendo en sus demandas, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, los dueños del Grupo Marsans, finalmente aceptaron a regañadientes el ingreso de un socio argentino, como quería el gobierno. Pero el intento fracasó. Los posibles candidatos huyeron cuando vieron la complejidad y conflictividad de la compañía, pese a que se suponía iban a contar con el apoyo del gobierno.

Fue entonces cuando, apenas algunas horas después del voto "no positivo" de Julio Cobos en el Congreso, Ricardo Jaime, entonces secretario de Transporte y hoy preso en el penal de Ezeiza, llamó a los directivos de Aerolíneas para apurar la firma de un acuerdo sobre el que venían trabajando. En el Acta Acuerdo se acordaba la venta del paquete accionario -con sus pasivos y activos-, cuyo valor saldría de un trabajo del Tribunal de Tasación y una consultora privada propuesta por Marsans. Y para el caso en que no se llegara a un acuerdo, cosa más que probable, se recurriría a una consultora internacional de gran prestigio cuyo veredicto sería inapelable.

Pese a lo acordado -que ahora el CIADI destaca- el gobierno descarta esta instancia y manda hacia fin de año un proyecto de Ley que autoriza al Poder Ejecutivo a expropiar el paquete accionario de Aerolíneas Argentinas y Austral. La expropiación se hace a cambio de un peso. Esa misma semana Marsans inicia el reclamo en el CIADI donde mencionan las palabras "hostigamiento" y "confiscación".

Si bien todavía hay puntos que negociar, lo que el Estado argentino finalmente deba pagar no irá necesariamente al bolsillo de Gerardo Diaz Ferrán -su socio Gonzalo Pascual falleció en 2012-, preso desde ese mismo año por la quiebra del Grupo Marsans y desprolijidades en el uso que le dieron a los fondos otorgados por el gobierno para cancelar deudas de Aerolíneas. Parte de los fondos, ahora, irán al estudio de abogados Burford Capital, ciertos abogados y al bolsillo de algunos acreedores del grupo, afectados por el cierre del conglomerado turístico Marsans y de su aerolínea Air Comet.