Aviación News ¦ Edición nº 210 ¦ Jueves 11 de septiembre de 2008

AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y LA HISTORIA DE UN ACTA ACUERDOcont.

Atrás habían quedado los intentos por incorporar socios argentinos, estrategia que sólo aportó un candidato, Juan Carlos López Mena, de Buquebus, que huyó al conocer el estado de la compañía y enfrentarse a la sinceridad de los gremios. Una demora de cuatro días sobre los plazos legales para pagar los salarios fue la excusa que se necesitaba para avanzar sobre el juez de la convocatoria de acreedores aún vigente de la compañía. Antes un crédito ya acordado por el Banco Galicia para pagar los sueldos había sido cancelado por sugerencia de algún funcionario, según reconoció la entidad. Pero el juez Jorge Sícoli frenó en seco los embates del Secretario de Transporte y los gremios ya que consideró que no se justificaba la intervención -la convocatoria está prácticamente cerrada ya que sólo quedan pendientes algunas deudas menores y otra imposible de saldar con el Banesto de España, por encontrarse éste en un complicado proceso judicial-, por lo que el magistrado sugirió que el conflicto debía resolverse en el plano político.

Fue entonces cuando apenas algunas horas después del voto "no positivo" de Julio Cesar Cleto Cobos en el Congreso, Ricardo Jaime llamó a los directivos de Aerolíneas Argentinas para apurar la firma de un acuerdo. El objetivo era buscar anuncios positivos para que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, muy golpeado después de la pelea con el campo, recuperara imagen. Algunas encuestas realizadas por el gobierno les indicaba que la gente reclamaba que "algo se hiciera con Aerolíneas", que a esa altura ofrecía un servicio cada vez más escaso y deficiente. Los funcionarios creyeron ver en la reestatización la posibilidad de convertir el rescate, como ellos prefieren llamarlo, en un hecho positivo ante la opinión pública, apelando fundamentalmente al nacionalismo.
Fue entonces cuando Jaime apuró firmar el Acta Acuerdo que acordaba la venta del paquete accionario de la compañía -con sus pasivos y activos-, y que también establecía que el valor saldría de un trabajo del Tribunal de Tasación y una consultora privada propuesta por Marsans. Y para el caso en que no se llegara a un acuerdo, cosa más que probable, se recurriría a una consultora internacional de gran prestigio cuyo veredicto sería inapelable.

Surgió entonces la idea de hacer un gran anuncio desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, a cargo de la presidente -con muchos invitados para que aplaudieran la decisión y los gremios prestos a agradecer la medida- y enviar el proyecto de ley al Congreso para que convalidara dicha decisión. La idea, de paso, era dar una imagen absolutamente distinta a la vivida en este recinto unos días antes durante la pelea por las retenciones.
Pero lo que iba a ser un paseo terminó por convertirse en un gran debate que puso al descubierto la ineficiencia de los funcionarios para controlar la responsabilidad del Grupo Marsans al frente de la empresa y disparó una serie de sospechas que involucraban a Jaime, De Vido y hasta al mismo Néstor Kirchner. Para peor, los diputados oficialistas rápidamente advirtieron que si no se hacían algunos cambios al proyecto se corría el serio riesgo de obtener otra vez una votación negativa en el Parlamento, alternativa que el gobierno no estaba en condiciones de sobrellevar. La solución fue eliminar el artículo que hablaba de una posible privatización posterior, e ignorar la existencia de la para ese entonces ya famosa Acta Acuerdo. En definitiva, lo que se votó no incluía la anulación del artículo, sino simplemente que se hizo como que no existiera. Aunque los legisladores sabían que allí estaba y que sin duda le habrá de acarrear más de un dolor de cabeza al Ejecutivo. Es probable que el tema Aerolíneas vuelva a enfrentarlos en el recinto si es que quienes tienen que darle un valor a la empresa, cosa más que probable, no se ponen de acuerdo. Entonces deberán aprobar una ley que permita expropiar las empresa -con el riesgo de recurrir el Grupo Marsans al Ciadi- pese a que Jaime primero dijo que la norma solo permite expropiar bienes muebles y no empresas o acciones, pero que después cambió de opinión a medida que se complicaba la discusión en las comisiones.
Para peor, y aquí aparece otro error de los analistas oficiales, la opinión pública no se encolumnó como en el 2001 detrás del "Salvemos a Aerolíneas" o el "Todos somos Aerolíneas", sino que comenzó a mirar con desconfianza lo actuado por el Estado y empezó a sacar cuentas de cuánto le costará a cada uno hacer frente a la deuda que deja el Grupo Marsans y cuánto deberá cada habitante aportar de aquí en adelante para mantener en funcionamiento la compañía. Por lo pronto ya fueron 409 millones de pesos transferidos en 45 días simplemente para recuperar algunos aviones que estaban demorados en mantenimiento, pocos por ahora, y mantener la empresa operativa.

Tampoco los gremios, por cierto muy activos en todo este proceso, lograron movilizar a la opinión pública que los mira con desconfianza, y sólo reunieron frente al Congreso el día de la votación en el Senado unos 250 manifestantes sobre una base de 9.000 trabajadores. Esto no significa que una parte mayoritaria de empleados -muchos de ellos con mucha antigüedad en la empresa- no añoraran los tiempos de la Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado.