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 Ahora el Poder Ejecutivo deberá enviar al Congreso -en la Comisión Bicameral de seguimiento de las privatizaciones ya se aseguraron mayoría oficialista- un proyecto de ley para estatizar la compañía que también se privatizó por una ley hace 18 años, en la que se impedía que la misma volviera al sector oficial. Mientras tanto, en la mañana de ese mismo día, los dueños del Grupo Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, que habían llegado esa misma madrugada desde España -sólo permanecieron ocho horas en Buenos Aires- firmaban en el despacho del ministro de Planificación Julio De Vido el acta acuerdo para el traspaso de la compañía con una pesada deuda en sus bodegas. Allí se pactó la conformación de un comité de gestión compuesto por dos miembros en representación del Gobierno -una sería la directora por el Estado Vilma Castillo, amiga de Cristina- y dos por el Grupo Marsans, los españoles Eduardo Aranda y Vicente Muñoz, este último responsable de finanzas del Grupo Marsans, quien estuvo a cargo de las negociaciones la semana pasada con los funcionarios argentinos. Julio Alak, que hasta hace dos semanas frecuentaba las secciones deportivas de los diarios cuando se  lo señalaba como posible interventor en Racing, fue designado gerente general. Alak, que había llegado como director por el Estado después de 16 años como Intendente en La Plata y haber apoyado la candidatura de Cristina en las últimas elecciones, estará al frente de este comité que cogestionará la compañía por 60 días, plazo en el que se deberá llegar a un acuerdo para el traspaso total de las acciones de Aerolíneas y Austral hoy en manos del Grupo Marsans -94,41% y 97%, respectivamente- al Estado nacional. En este lapso el Tribunal de Tasaciones de la Nación y una evaluadora privada, propuesta por Marsans, deberán establecer el valor de la compañía. Si no hay acuerdo, se recurrirá a una tercera entidad imparcial de gran prestigio que hará las veces de árbitro. Aunque hay quienes sostienen que ya estaría todo pactado: el Estado se haría cargo de las deudas mientras que los españoles se irían sin nada, a cambio de no recorrer tribunales argentinos. Sea cual fuere el resultado, lo concreto es que recién allí se sabrá cuánto debe la compañía y cuánto deberán desembolsar los argentinos, cosa que ya comenzó a ocurrir para recuperar la empresa.
 Este viernes el secretario de Transporte de la Nación vivió probablemente uno de sus momentos más emotivos. Llegó al edificio de Aerolíneas de la calle Bouchard, donde lo estaban esperando en la planta baja el presidente, ya se podría decir saliente, Horacio Fargosi, y el director todavía por el Estado, Alak. En el 9º piso, en el Salón de Directorio, el funcionario se sentó a la cabecera de la gran mesa oval y le comunicó a los pocos gerentes presentes que se había llegado a un acuerdo con los directivos del Grupo Marsans, por lo que la empresa pasaba al Estado. El regreso de Aerolíneas Argentinas al Estado era un hecho después de un trabajoso proceso de desgaste. Muchos interpretaron el gesto de este señor que ya maneja trenes, ómnibus y muchos subsidios como la toma de posesión de la empresa. Allí anunció la apertura del periodo de transición de unos 60 días que conduciría después del due diligence a la compra por parte del Estado del paquete accionario de ambas compañías, lo que implicaba dejar atrás los intempestivos pedidos de intervención o expropiación de hace un par de semanas.
Este martes, y para no ser menos, el ministro de Planificación, Julio De Vido, también visitó la sede de Aerolíneas acompañado por Jaime para entregar su propio mensaje al equipo gerencial. Allí el funcionario habló de máxima austeridad. Y dio un anticipo que rápidamente generó malestar entre la gente: "Se acabaron los pasajes gratis para el personal de la empresa".
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