|
 La ronda de reuniones que se inicia la semana que viene aparecería como decisiva. Esta vez los gremios, también individualmente, estarán sentados frente a la empresa y ante las autoridades de los ministerios de Trabajo y Planificación Federal que encabezan Carlos Tomada y Julio De Vido, respectivamente. Allí se supone que se buscará alcanzar la tan ansiada "paz social", que el grupo empresario pone como condición para realizar inversiones, pero también quedarán plasmados en un documento los compromisos que asuma la empresa. Es que una de las quejas más reiteradas y coincidentes de los gremios en la primera ronda fue la falta de inversiones y las promesas no cumplidas por parte de la gestión Marsans iniciada en 2001 con Antonio Mata a la cabeza. Ahora, lo que supone se intenta cortar con la historia del huevo y la gallina, ambas partes asumirán un compromiso, teniendo al Gobierno como garante o árbitro ante futuros reclamos.
 Si bien en la empresa son optimistas en cuanto a que se pueda llegar a un acuerdo de paz "mínima" de dos años que habilite la tan necesaria y prometida incorporación de aviones nuevos a la flota, inversiones que el Grupo Marsans siempre condicionó a este compromiso de paz, falta ver cual será la actitud de los dos gremios más combativos. APTA, que por sus comunicados a la prensa parecería estar más interesado en que se vayan los españoles que en llegar a cualquier tipo de arreglo, y APLA, los pilotos, actualmente sobre el final de una conciliación voluntaria, pero con un par de reclamos bajo el uniforme difíciles de satisfacer por parte de la empresa: la devolución de seis MD 88 que hoy militan en la flota de Austral, su enemiga de toda la vida, y la tan discutida reglamentación sobre el descanso de los tripulantes entre vuelo y vuelo.
Mientras en el Ministerio de Trabajo se discute sobre "la paz social", en Planificación Federal se analiza pasar la participación del Estado del 5 al 20% del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas. Aunque dentro del Gobierno no sólo se discute -interna mediante- cuánto vale realmente la empresa y cuál será la moneda de pago por estas acciones, sino también la conveniencia o no de esta operación. Una línea, que encabeza el Ministerio de Planificación, se inclina por aumentar la participación del Estado en la empresa mientras que la otra, que encabeza la jefatura de gabinete, sostiene que no es necesario ya que tendrá un costo para el Gobierno -en plata y compromiso- sin que los funcionarios incrementen su poder de decisión dentro de la misma. En el Directorio, con el 5 o con el 20%, seguirán siendo dos los directores por el Estado, los que justamente por estos días hay que reemplazar. Uno de ellos, Ariel Basteiro, dejó su silla en la Torre Bouchard para pasar a ocupar su banca en Diputados. El otro, Raúl Argañaraz, se supone que deberá ser ratificado o reemplazado en su puesto ya que hubo, aunque muchos no lo perciban, un cambio de gobierno en el país.
|